La Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana en Uruguay calificó hoy de indignante el apoyo del gobierno de Estados Unidos a grupos mercenarios de la Isla, revelado por las autoridades de La Habana.
Denunció además que mientras Washington financia a esos apátridas y no molesta a terroristas radicados en su territorio, como Luis Posada Carriles y Orlando Bosh, mantiene encarcelados desde 1998 a cinco jóvenes cubanos que prevenían a su patria de nuevos actos de terrorismo.
Condenamos el recrudecimiento de la campaña contrarrevolucionaria y subversiva contra el pueblo cubano orquestada por el gobierno de los Estados Unidos, dice una declaración entregada por la Coordinadora a la embajadora cubana en Uruguay, Marielena Ruiz Capote.
El documento apunta que al enviar dinero a grupos contrarrevolucionarios a través de funcionarios de su Sección de Intereses en La Habana, el gobierno norteamericano pretende montar provocaciones y crear la desestabilización interna en el país .
El pueblo cubano, víctima en todos estos años de acciones terroristas y de un injusto y cruel bloqueo dirigido a acabar con el ejemplo y los logros de su Revolución, tiene derecho a vivir en paz y a seguir construyendo una sociedad justa y solidaria, proclama.
La Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana exige el cese de las acciones subversivas contra Cuba, el levantamiento inmediato del bloqueo y la liberación de los cinco jóvenes presos en cárceles de Estados Unidos, concluye la declaración.
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jueves, 22 de mayo de 2008
viernes, 16 de mayo de 2008
Denuncian escalada en transmisiones ilegales contra Cuba
El gobierno de los Estados Unidos implementó una escalada en sus agresiones radiotelevisivas ilegales contra Cuba, al multiplicar los cuantiosos recursos que dedica a esa gestión injerencista desde los primeros días de la Revolución.
Especialistas de los ministerios de Relaciones Exteriores (MINREX) y de la Informática y las Comunicaciones (MIC) formularon la denuncia este jueves, junto a periodistas en Mesa Redonda Informativa de la radio y la televisión cubanas, donde probaron las reiteradas violaciones de leyes internacionales y el abierto desafío a la soberanía de la nación caribeña.
Documentos desclasificados de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia dan cuenta de operaciones del gobierno de Estados Unidos contra la Isla, a través del uso ilegal de emisiones radiales, se dio a conocer en el foro radiotelevisado.
El ingeniero Carlos Martínez, director general del MIC, refirió antecedentes históricos de esas emisiones y el empleo alternativo ilegal de emisoras comerciales radicadas en Miami, amparadas por los gobiernos estadounidenses en los últimos 50 años, y de otras específicamente creadas con intenciones subversivas.
Los analistas explicaron que tales medios transmiten semanalmente hacia Cuba, como promedio, 1 889 horas de radio y TV por 30 diferentes frecuencias, y que EE.UU, ha incorporado la vía de satélites internacionales y comerciales de alto costo a sus sistemáticas violaciones.
Precisó Martínez que 131 organizaciones contrarrevolucionarias han emitido programas contra la Isla, a través de espacios alquilados en estaciones radiales de la Florida, y citó hechos demostrativos de la falsedad de los contenidos que difunden y de la complicidad de las autoridades norteamericanas.
El experto del MIC refirió reiterados chascos sufridos por la administración norteamericana ante entidades internacionales por sus violaciones flagrantes de la legalidad, las cuales son sistemáticamente registradas y documentadas por Cuba, para sustentar sus denuncias sobre afectaciones causadas en el servicio local.
Las llamadas Radio Martí y TV Martí forman parte de la Oficina de Transmisión hacia Cuba, entidad creada en 1985, propiedad del gobierno estadounidense, y se dedican a difundir informaciones y programas tendenciosos hacia la Ínsula, con el objetivo de desestabilizar su gobierno, confundir a la población y alentar la subversión.
Ambos proyectos han costado más de 600 millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos. Ese dinero en realidad beneficia a elementos de la mafia anticubana, favorecedora de la elección y posterior reelección en la presidencia de Geoerge W. Bush, incluidos congresistas de origen cubano, como Lincoln Díaz-Balart.
Aunque en sus más de 17 años de injerencia, TV Martí ha ensayado sofisticadas tecnologías, que incluyen el empleo de diversos medios aéreos y variados canales, la señal televisiva invasora en realidad no logra entrar en los telerreceptores de la Isla, gracias a la eficaz labor de especialistas locales.
El periodista Reynaldo Taladrid afirmó que las señales contra Cuba forman parte de un proyecto históricamente elaborado por el propio gobierno estadounidense, con la colaboración ejecutiva de organizaciones contrarrevolucionarias.
Directivos y otros beneficiarios del presupuesto de TV Martí, sin éxito intentan refutar el fracaso de sus emisiones a Cuba, y la ironía es que solicitaron y recibieron 400 000 dólares al año para pagar a TV Azteca, a fin de que esta incluya su señal en la programación habitual, lo que igualmente ha resultado fallido.
Otros escándalos vigentes vinculan a periodistas ilegalmente pagados por Radio y TV Martí, de acuerdo con leyes de EE.UU.
En abril del 2007, José M. Miranda, alias Chema, ex director de programas de TV Martí, fue condenado a dos años y tres meses de cárcel y multa de cinco mil dólares por aceptar sobornos de la empresa Perfect Image & vides.
Esa entidad le pagó 112 000 dólares en 73 cheques, entre el 26 de noviembre del 2001 y el 20 de diciembre del 2004, en recompensa por beneficios recibidos.
El 20 de mayo del 2003, el gobierno de W. Bush empezó a utilizar un avión militar C 130, comando solo, del Pentágono, para enviar la señal invasora.
Al respecto, el coronel Roque Garrigó, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, explicó que en esa ocasión el Presidente norteamericano declaró el inicio de una nueva escalada de la agresión contra Cuba.
Ofreció detalles sobre el potencial difusivo del equipamiento que utiliza el citado avión, con potencial de 10 kiloWatts y alcance de 200 kilómetros, y precisó que cada emisión actual contra Cuba le cuesta un estimado de 150 000 dólares.
Hugo Fernández, experto del MIC, explicó que el órgano especializado de las Naciones Unidas en Telecomunicaciones, en la Conferencia Mundial del año 2007, rechazó por ilegales las transmisiones de Washington contra Cuba.
El foro contó con la presencia de delegados de 164 países y la auto- exclusión de EE.UU.
Rodolfo Reyes, director de asuntos multilaterales del MINREX, dio a conocer otras denuncias de Cuba en el plano internacional, incluida la Asamblea General de la ONU.
Destacó el generalizado apoyo que recibe la Isla en sus reclamos y reafirmó que —ante la burla que hace Washington de las condenas que recibe— Cuba seguirá defendiendo su soberanía en todos los ámbitos.
Especialistas de los ministerios de Relaciones Exteriores (MINREX) y de la Informática y las Comunicaciones (MIC) formularon la denuncia este jueves, junto a periodistas en Mesa Redonda Informativa de la radio y la televisión cubanas, donde probaron las reiteradas violaciones de leyes internacionales y el abierto desafío a la soberanía de la nación caribeña.
Documentos desclasificados de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia dan cuenta de operaciones del gobierno de Estados Unidos contra la Isla, a través del uso ilegal de emisiones radiales, se dio a conocer en el foro radiotelevisado.
El ingeniero Carlos Martínez, director general del MIC, refirió antecedentes históricos de esas emisiones y el empleo alternativo ilegal de emisoras comerciales radicadas en Miami, amparadas por los gobiernos estadounidenses en los últimos 50 años, y de otras específicamente creadas con intenciones subversivas.
Los analistas explicaron que tales medios transmiten semanalmente hacia Cuba, como promedio, 1 889 horas de radio y TV por 30 diferentes frecuencias, y que EE.UU, ha incorporado la vía de satélites internacionales y comerciales de alto costo a sus sistemáticas violaciones.
Precisó Martínez que 131 organizaciones contrarrevolucionarias han emitido programas contra la Isla, a través de espacios alquilados en estaciones radiales de la Florida, y citó hechos demostrativos de la falsedad de los contenidos que difunden y de la complicidad de las autoridades norteamericanas.
El experto del MIC refirió reiterados chascos sufridos por la administración norteamericana ante entidades internacionales por sus violaciones flagrantes de la legalidad, las cuales son sistemáticamente registradas y documentadas por Cuba, para sustentar sus denuncias sobre afectaciones causadas en el servicio local.
Las llamadas Radio Martí y TV Martí forman parte de la Oficina de Transmisión hacia Cuba, entidad creada en 1985, propiedad del gobierno estadounidense, y se dedican a difundir informaciones y programas tendenciosos hacia la Ínsula, con el objetivo de desestabilizar su gobierno, confundir a la población y alentar la subversión.
Ambos proyectos han costado más de 600 millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos. Ese dinero en realidad beneficia a elementos de la mafia anticubana, favorecedora de la elección y posterior reelección en la presidencia de Geoerge W. Bush, incluidos congresistas de origen cubano, como Lincoln Díaz-Balart.
Aunque en sus más de 17 años de injerencia, TV Martí ha ensayado sofisticadas tecnologías, que incluyen el empleo de diversos medios aéreos y variados canales, la señal televisiva invasora en realidad no logra entrar en los telerreceptores de la Isla, gracias a la eficaz labor de especialistas locales.
El periodista Reynaldo Taladrid afirmó que las señales contra Cuba forman parte de un proyecto históricamente elaborado por el propio gobierno estadounidense, con la colaboración ejecutiva de organizaciones contrarrevolucionarias.
Directivos y otros beneficiarios del presupuesto de TV Martí, sin éxito intentan refutar el fracaso de sus emisiones a Cuba, y la ironía es que solicitaron y recibieron 400 000 dólares al año para pagar a TV Azteca, a fin de que esta incluya su señal en la programación habitual, lo que igualmente ha resultado fallido.
Otros escándalos vigentes vinculan a periodistas ilegalmente pagados por Radio y TV Martí, de acuerdo con leyes de EE.UU.
En abril del 2007, José M. Miranda, alias Chema, ex director de programas de TV Martí, fue condenado a dos años y tres meses de cárcel y multa de cinco mil dólares por aceptar sobornos de la empresa Perfect Image & vides.
Esa entidad le pagó 112 000 dólares en 73 cheques, entre el 26 de noviembre del 2001 y el 20 de diciembre del 2004, en recompensa por beneficios recibidos.
El 20 de mayo del 2003, el gobierno de W. Bush empezó a utilizar un avión militar C 130, comando solo, del Pentágono, para enviar la señal invasora.
Al respecto, el coronel Roque Garrigó, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, explicó que en esa ocasión el Presidente norteamericano declaró el inicio de una nueva escalada de la agresión contra Cuba.
Ofreció detalles sobre el potencial difusivo del equipamiento que utiliza el citado avión, con potencial de 10 kiloWatts y alcance de 200 kilómetros, y precisó que cada emisión actual contra Cuba le cuesta un estimado de 150 000 dólares.
Hugo Fernández, experto del MIC, explicó que el órgano especializado de las Naciones Unidas en Telecomunicaciones, en la Conferencia Mundial del año 2007, rechazó por ilegales las transmisiones de Washington contra Cuba.
El foro contó con la presencia de delegados de 164 países y la auto- exclusión de EE.UU.
Rodolfo Reyes, director de asuntos multilaterales del MINREX, dio a conocer otras denuncias de Cuba en el plano internacional, incluida la Asamblea General de la ONU.
Destacó el generalizado apoyo que recibe la Isla en sus reclamos y reafirmó que —ante la burla que hace Washington de las condenas que recibe— Cuba seguirá defendiendo su soberanía en todos los ámbitos.
miércoles, 2 de abril de 2008
Critican en EE.UU. autorizaciones para torturar a prisioneros
).— El presidente demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Joseph Biden, criticó hoy al Departamento de Justicia por autorizar desde 2003 a investigadores militares la práctica de torturas contra prisioneros.
"La licencia creó el clima extralegal que condujo directamente a los abusos cometidos contra los detenidos en Abu Ghraib", manifestó el congresista.
Sus declaraciones ocurren luego de que fuera desclasificado un documento de Justicia en el que se indicaba que a causa de la autoridad conferida al presidente del país, los interrogadores no tenían prohibido los tratos crueles contra combatientes enemigos.
Por su parte, la abogada defensora de las libertades civiles Amrit Singh consideró que el memorándum de 81 páginas confirma que el Departamento de Justicia dio prácticamente carta blanca al Pentágono para recurrir a la tortura y maltratos de detenidos.
Según la jurista, las notas divulgadas evidencian que la política del gobierno del presidente George W. Bush fue la que provocó los abusos contra reos en diversas partes.
El sábado último, el influyente diario The New York Times cuestionó al mandatario Bush por nombrar como asesor legal del Departamento de Justicia a Steven Bradbury, quien ha defendido con insistencia el uso de la tortura contra personas.
Bradbury aconsejó a miembros de la inteligencia y militares estadounidenses sumergir en agua a cientos de detenidos, casi hasta ahogarlos, para arrancarles supuestas confesiones.
Recientemente, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Michael Hyden, admitió que empleados de ese organismo torturaron a prisioneros durante sesiones de interrogatorios.
"La licencia creó el clima extralegal que condujo directamente a los abusos cometidos contra los detenidos en Abu Ghraib", manifestó el congresista.
Sus declaraciones ocurren luego de que fuera desclasificado un documento de Justicia en el que se indicaba que a causa de la autoridad conferida al presidente del país, los interrogadores no tenían prohibido los tratos crueles contra combatientes enemigos.
Por su parte, la abogada defensora de las libertades civiles Amrit Singh consideró que el memorándum de 81 páginas confirma que el Departamento de Justicia dio prácticamente carta blanca al Pentágono para recurrir a la tortura y maltratos de detenidos.
Según la jurista, las notas divulgadas evidencian que la política del gobierno del presidente George W. Bush fue la que provocó los abusos contra reos en diversas partes.
El sábado último, el influyente diario The New York Times cuestionó al mandatario Bush por nombrar como asesor legal del Departamento de Justicia a Steven Bradbury, quien ha defendido con insistencia el uso de la tortura contra personas.
Bradbury aconsejó a miembros de la inteligencia y militares estadounidenses sumergir en agua a cientos de detenidos, casi hasta ahogarlos, para arrancarles supuestas confesiones.
Recientemente, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Michael Hyden, admitió que empleados de ese organismo torturaron a prisioneros durante sesiones de interrogatorios.
martes, 1 de abril de 2008
Condenan política de EE.UU. contra antiterroristas cubanos
El presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), el nicaragüense Omar Cabezas Lacayo, condenó hoy la injusticia que comete Estados Unidos contra cinco antiterroristas cubanos, quienes sufren prisión en ese país.
El Ombudsman (defensor del pueblo) resaltó una declaración de apoyo a los cinco luchadores cubanos emitida en una reciente reunión de la FIO, celebrada en Ciudad de México.
René González, Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino y Antonio Guerrero cumplen severas condenas en Estados Unidos por informar sobre planes criminales contra la isla fraguados por grupos terroristas radicados en el sur de la Florida.
Cabezas Lacayo afirmó que el trato dado a los cubanos muestra la degradación y perversidad de la política estadounidense que, al no aceptar resoluciones de la ONU sobre el asunto, colocan a ese país al margen de la ley.
Precisó que la FIO acordó por unanimidad luchar para que se le haga un juicio justo a los héroes cubanos y que se permita la visita de sus familiares.
Criticó la politización de este caso por parte de las autoridades de Washington pese a la probada inocencia de estas personas, próximas a cumplir 10 años de arresto ilegal.
El Ombudsman (defensor del pueblo) resaltó una declaración de apoyo a los cinco luchadores cubanos emitida en una reciente reunión de la FIO, celebrada en Ciudad de México.
René González, Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino y Antonio Guerrero cumplen severas condenas en Estados Unidos por informar sobre planes criminales contra la isla fraguados por grupos terroristas radicados en el sur de la Florida.
Cabezas Lacayo afirmó que el trato dado a los cubanos muestra la degradación y perversidad de la política estadounidense que, al no aceptar resoluciones de la ONU sobre el asunto, colocan a ese país al margen de la ley.
Precisó que la FIO acordó por unanimidad luchar para que se le haga un juicio justo a los héroes cubanos y que se permita la visita de sus familiares.
Criticó la politización de este caso por parte de las autoridades de Washington pese a la probada inocencia de estas personas, próximas a cumplir 10 años de arresto ilegal.
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